CIDH expresa solidaridad con personas afectadas por huracanes y terremoto en la región e insta a Estados a atender la situación

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Comunicado de prensa 139/17

 

CIDH expresa solidaridad con personas afectadas por huracanes y terremoto en países de la región e insta a los Estados y a la comunidad internacional a adoptar medidas para atender la situación de las personas afectadas

 

12 de septiembre de 2017

Washington, D.C. –  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su más profunda solidaridad con las personas afectadas por los recientes desastres naturales que vienen impactando varios países de la región en los últimos días. La CIDH hace un llamado a los Estados, la comunidad internacional, organismos internacionales y todos los actores relevantes a sumar esfuerzos a favor de la población afectada y reitera la importancia de garantizar las obligaciones internacionales de derechos humanos en todas las circunstancias durante la emergencia y adoptar medidas para responder a los impactos del cambio climático.

La CIDH desea expresar sus sinceras condolencias y solidaridad a los familiares de las mujeres, hombres, niñas y niños que han fallecido y que han resultado afectadas como consecuencia de estos desastres naturales. La CIDH también se pone a disposición de las autoridades de los Estados afectados y de la comunidad internacional para colaborar, dentro del marco de sus funciones, con las iniciativas que se pongan en marcha para la superación de esta situación crítica que se vive en la región.

Sobre los huracanes que se han registrado en la región, de acuerdo a la información disponible, el 8 de septiembre de 2017, el huracán Irma fue clasificado como categoría 5 y es el huracán más fuerte que se ha registrado en la zona del Atlántico y fuera del Caribe y el Golfo de México, alcanzando vientos de hasta 298 kilómetros por hora. El huracán Irma golpeó con intensidad varias islas, incluyendo Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Cuba, Haití, República Dominicana, San Martin, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, causando gran devastación y dejando al menos 35 personas muertas en el Caribe, incluyendo 10 en Cuba, así como 5 personas muertas en el estado de Florida, Estados Unidos. El huracán Irma también provocó fuertes inundaciones y grandes afectaciones a la infraestructura turística y de agricultura. En el estado de la Florida, Estados Unidos, cerca de 7 millones de personas fueron evacuadas, mientras que en Cuba, al menos 1,5 millones de personas fueron evacuadas en la isla. El huracán Irma alcanzó a Estados Unidos el 10 de septiembre, si bien los daños no han sido cuantificados, se teme que se eleve el nivel del mar hasta cuatro metros y ello tenga efectos en pérdidas de vidas humanas y materiales. Los meteorólogos prevén que el huracán continuará hacia el estado de Georgia, antes de trasladarse a los estados de Alabama y Tennessee en Estados Unidos de América. Al referirse al impacto del huracán Irma, el Primer Ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, señaló que la isla de Barbuda quedó “prácticamente inhabitable”, dado que el 95% de sus edificios resultaron dañados. Por otra parte, el 9 de septiembre, el huracán Katia pasó por el sureste de México, con vientos máximos de 56 kilómetros por hora, dejando 2 personas muertas a su paso por el estado de Veracruz.

A su vez, el pasado 30 de agosto, el huracán Harvey de categoría 4 golpeó al estado de Texas, Estados Unidos de América, siendo caracterizado como el más poderoso que haya llegado a Texas en los últimos 50 años. Como consecuencia del huracán Harvey han fallecido aproximadamente 60 personas y cerca de 42.000 personas fueron evacuadas a 258 refugios debido a las inundaciones ocasionadas por el huracán. La  CIDH también expresa su preocupación por el potencial riesgo que presentan para la población de países de la región el huracán José, de categoría 3 en la actualidad, que también se encuentran en la cuenca del Atlántico.

Sobre la actividad sísmica, el 7 de septiembre, la CIDH presenció en la Ciudad de México el terremoto de 8.2 grados en la escala Ritcher. Las zonas mayormente afectadas se ubican en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, al sur y centro de México, así como también en Guatemala y El Salvador. El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, lo calificó como el terremoto más fuerte en los últimos 100 años. Según información disponible, como consecuencia del terremoto se han registrado las muertes de 76 personas en Oaxaca, siendo los municipios con mayores afectaciones Juchitán, Unión Hidalgo, Ixtaltepec y Astata; 16 en Chiapas; y 4 en Tabasco, lo que suma un total de 96 muertes registradas hasta el momento.

Ante la magnitud de las crisis humanitarias provocadas por desastres naturales y los efectos del cambio climático, las cuales pueden seguir agravándose en el tiempo venidero, la CIDH recuerda a los Estados y a la comunidad internacional la importancia de ofrecer una respuesta inmediata en materia de asistencia humanitaria, fundamental para responder a la crisis humanitaria que afecta a las personas sobrevivientes de desastres naturales.

La CIDH hace un llamado a los Estados de la región para adoptar mecanismos de responsabilidad compartida y de respuesta colectiva para responder a la situación de la población afectada y la población desplazada. Así, la adopción de medidas debe integrar aspectos específicos a garantizar durante el desplazamiento y para el posterior retorno o reasentamiento de las personas, tales como garantizar asistencia humanitaria a través del establecimiento de albergues que cuenten con agua y comida, servicios médicos,  sanitarios y educativos, así como de mecanismos que faciliten la recuperación de las propiedades y posesiones de las personas o el acceso a compensaciones por pérdidas materiales, tal como se encuentra establecido en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Es imprescindible reconocer que estas acciones deben ir más allá de la asistencia humanitaria, dado que los efectos del cambio climático son cada vez más y más severos; deberá conllevar elementos que también contribuyan a la preparación y resiliencia a largo plazo de estos Estados y comunidades, como son proporcionar apoyo de capacitación para mejorar los sistemas de comunicación y prevención y ayudar al desarrollo de programas que minimicen la vulnerabilidad de poblaciones marginadas, sólo de esta manera podrán reducir su riesgo cuando se acerque la siguiente desastre natural.

El Comisionado Francisco Eguiguren, Presidente de la CIDH, señaló que: “los desastres naturales que estamos viendo en la actualidad, junto con los diversos impactos del cambio climático, nos demuestran dos cosas fundamentales, por un lado, que ningún país es ajeno al impacto de los desastres naturales y sus consecuencias en materia humanitaria y de derechos humanos. Por otra parte, también podemos ver cómo países del Caribe, que suelen contaminar menos y por ende tener un menor impacto en materia de cambio climático, son los que están teniendo un impacto más fuerte con este tipo de desastres naturales”. El Comisionado Luis Ernesto Vargas, Relator de Personas Migrantes y Desplazados de la CIDH, añadió que: “momentos de crisis como estos nos obligan como continente americano y como comunidad internacional a dar una respuesta coordinada, apelando a una idea de justicia climática. En este sentido, no basta brindar asistencia humanitaria, sino que se debe atender a las obligaciones en materia de derechos humanos de personas desplazadas como consecuencia de factores medioambientales. Esto requiere que además de la asistencia humanitaria que se proporcione después de cada desastre natural, es necesario que los Estados dispongan de sistemas de recuperación y prevención más sustentables”. Por su parte, Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Ambientales de la CIDH, manifestó que: “Desde la Relatoría Especial vamos a prestar especial atención al impacto del cambio climático y los desastres naturales en el goce efectivo de los derechos humanos, en particular respecto de personas, grupos y colectividades en situaciones de vulnerabilidad. Hacemos un llamamiento a los Estados del continente a comprometerse activamente con la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.

La CIDH observa con suma preocupación que existe una relación entre el cambio climático y los desastres naturales, los cuales están teniendo un grave impacto en el goce efectivo de los derechos humanos de millones de personas, en particular en personas en situación de pobreza o en situaciones de vulnerabilidad. Según el Informe de Riesgos Globales 2017 del Foro Económico Mundial, el primer riesgo en términos de probabilidad es el acontecimiento de sucesos climáticos extremos, seguido en segundo lugar por el riesgo de migración forzada a gran escala, y en tercer lugar el riesgo de grandes desastres naturales. La Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas ha manifestado que si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, la temperatura media global de la Tierra en superficie podría incrementarse más de 4 °C (7,2 °F) de aquí a fines del siglo XXI. Lo anterior se traducirá en un aumento del calor que traerá consigo un incremento de fenómenos meteorológicos extremos como tormentas y huracanes que tendrán efectos importantes en la calidad del aire, lo que puede ser mortal para la especie humana.

La CIDH también recuerda que en la Declaración de Brasil “Un Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para Fortalecer la Protección Internacional de las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe” los Estados de Latinoamérica y el Caribe reconocieron los desafíos planteados por el cambio climático y los desastres naturales, así como el desplazamiento de personas a través de fronteras que estos fenómenos puedan generar en la región y el reconocimiento de la necesidad de realizar estudios con miras a apoyar la adopción de medidas, herramientas y lineamientos nacionales y regionales adecuados, incluyendo estrategias de respuesta en los países de la región, planes de contingencia, respuestas integradas de gestión del riesgo de desastres, así como garantizar programas de visas humanitarias, en el marco de su competencia.

La CIDH insta a los Estados a desarrollar e implementar programas de mitigación, adaptación y resiliencia para ayudar a que los países y comunidades sean más independientes y a disminuir los riesgos y destrucción que puedan generar los desastres naturales. La CIDH también recuerda que el Acuerdo de París, firmado por 193 Estados y en la actualidad ratificado por 97 Estados, establece que los Estados desarrollados se comprometen a ayudar a los Estados menos desarrollados a adaptarse al cambio climático, a proporcionar tecnología, asesoría, y fondos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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