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  • CIDH saluda creación de Defensoría de los Derechos de la Niñez en Chile ; alcanza resultados históricos en 2017

    Reporter: juan modesto Rodriguez
    Published: lunes, 12 de marzo de 2018
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    CIDH saluda creación de Defensoría de los Derechos de la Niñez en Chile




    12 de marzo de 2018

    Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la promulgación de la ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez en Chile, lo cual constituye un componente importante en el proceso de creación de un sistema de garantías de derechos de la niñez en Chile que pueda mejorar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y prevenir vulneraciones a los mismos.

    De acuerdo a la información disponible, la Defensoría de los Derechos de la Niñez fue creada como entidad autónoma con la misión de vigilar de modo independiente el cumplimiento efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país, y entrará en funciones en el plazo de cinco meses. La Defensoría de los Derechos de la Niñez tiene el mandato de vigilar que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales y con su legislación interna en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de tener atribuidas funciones de promoción, protección y defensa de dichos derechos. La ley de creación le otorga importantes competencias, de acuerdo con las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, aunque no le confiere las más amplias competencias posibles en materia de legitimación para defender judicialmente casos individuales. Asimismo, la Comisión ha recibido información que indica que existe otro proyecto de ley en trámite en Chile mediante el cual se busca crear una Subsecretaría de Niñez.

    La Comisión destaca el mandato que posee la nueva Defensoría de los Derechos de la Niñez, al representar un elemento eficaz para la implementación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La CIDH saluda estos desarrollos e invita al Estado de Chile a avanzar en la aprobación de una legislación que reconozca los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como a crear un sistema integral de garantías de derechos de la niñez que contemple la institucionalidad necesaria y el modelo operativo para garantizar la efectividad de sus derechos.

    De modo particular, la CIDH saluda que la norma prevea expresamente la necesidad de establecer un procedimiento para el nombramiento de la persona a ocupar el cargo que asegure la observancia de los Principios de París sobre las Instituciones Nacionales Independientes de Derechos Humanos. En ese sentido, la norma establece los principios de publicidad, transparencia, idoneidad y no discriminación, además de garantizar la participación de académicos de destacada trayectoria y de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los derechos de la niñez en el proceso de selección. La CIDH también se complace por la previsión en la ley de la creación de un Consejo Consultivo que asesore a la Defensoría en el desarrollo de su mandato el cual se prevé que esté integrado por representantes de la sociedad civil, de las universidades, y de organizaciones de niños.

    Al respecto, la Comisionada Primera Vicepresidenta y Relatora sobre los Derechos de la Niñez, Esmeralda Arosemena de Troitiño, celebró “que la ley garantice la participación de las niñas y los niños en el Consejo Consultivo, reconociéndose así la importancia de las opiniones y las visiones de los propios niños, niñas y adolescentes en el funcionamiento de la Defensoría de los Derechos de la Niñez”. Por otra parte, la Relatora también recordó la necesidad que el “Estado garantice que la Defensoría disponga de los recursos económicos, materiales y humanos para poder cumplir a cabalidad con su mandato, asegurando su cobertura en todo el territorio nacional, y para que en la práctica no se vea limitada la capacidad de actuación de esta nueva importante figura”.

    La CIDH saluda asimismo las declaraciones realizadas por la Presidenta Michelle Bachelet al promulgar la ley que crea la Defensoría en las que enfatizó el compromiso del Estado en profundizar los esfuerzos de creación de la institucionalidad necesaria para proteger a las niñas y los niños en el país, incluida la perspectiva de una eventual creación de una Subsecretaría de Niñez, tal como está previsto en el proyecto de ley actualmente en trámite.

    El Comisionado Segundo Vicepresidente y Relator para Chile, Luis Ernesto Vargas Silva, felicitó estos avances y urgió al Estado “a proseguir de modo decidido y prioritario con las iniciativas encaminadas a la aprobación de una ley que reconozca y garantice los derechos de este grupo poblacional, tal y como lo han hecho los Estados de la región al adoptar Códigos de la Niñez o Leyes Especiales, y que se cree un Sistema Nacional de Garantías de Derechos de la niñez que contemple la institucionalidad administrativa necesaria, en todos los niveles territoriales, para dar cumplimiento con las obligaciones que el Estado chileno asumió al ratificar la Convención sobre los Derechos del Nino de las Naciones Unidas, cuestiones ambas que el país todavía tiene pendientes”. 

    La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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    CIDH alcanza resultados históricos en 2017 y presenta su informe de progreso del primer año del Plan Estratégico


    12 de marzo de 2018

    Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó su primer informe parcial de la implementación de su Plan Estratégico 2017-2021, logrando alcanzar en 2017 importantes resultados respecto a la reducción del atraso procesal de peticiones y casos, al perfeccionamiento de su labor de monitoreo, al fortalecimiento a sus funciones de cooperación técnica y de promoción. Además, promovió medidas estructurales para ampliar su capacidad de protección, tales como la ampliación de su presupuesto de Fondo Regular de la Organización de Estados Americanos (OEA), el cambio de estructura administrativa y la elaboración del Plan de Sostenibilidad Financiera; lo que le permitirá seguir con pasos renovados el cumplimiento de su mandato integral. Un sello relevante del año fue la ampliación significativa de los canales y espacios de participación de la sociedad civil en las tareas y actividades de la CIDH y el énfasis en materia de protección de defensores y defensoras de derechos humanos.

    En 2017 la CIDH aprobó su agenda de trabajo basada en su segundo Plan Estratégico, tras un amplio proceso de consultas participativas con la sociedad civil, Estados y expertos y expertas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Plan Estratégico tiene como fundamento principal el uso articulado e integrado de los mandatos de la CIDH - protección, monitoreo y cooperación técnica – con el fin de alcanzar más efectividad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante a un ambiente regional de riesgos de retrocesos y desafíos particulares para el cumplimiento de las recomendaciones de los órganos del sistema. Asimismo, la Asamblea General de la OEA aprobó la duplicación del presupuesto de la CIDH en tres años y una nueva estructura administrativa para el órgano. Con la nueva estructura, se ha duplicado la capacidad de supervisión de la labor de la CIDH por medio de dos secretarías ejecutivas adjuntasy se crearon nuevas secciones especializadas buscando una mejor y más eficiente respuesta a los usuarios y las usuarias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

    Estas tres conquistas estructurales han permitido a la CIDH construir las condiciones para seguir buscando cumplir con su mandato integral, priorizando la reducción del retraso procesal sin prejuicio de la ampliación de sus acciones de monitoreo, promoción y cooperación técnica a los Estados y a la Sociedad Civil. Acciones indispensablemente complementarias para lograr aumentar los niveles de protección a los ciudadanos de la región.

    En relación al Objetivo Estratégico vinculado al fortalecimiento de su sistema de peticiones y casos, soluciones amistosas y medidas cautelares, la CIDH aprobó a lo largo del año 120 informes de admisibilidad, lo cual constituyó un récord histórico; 35 informes de fondo, que es más del doble que los aprobados el año anterior; 5 informes de solución amistosa; y otorgó 45 medidas cautelares. Asimismo, se logró reducir a un mínimo histórico el número de peticiones en etapa de estudio inicial; y se evaluó el 100% de las peticiones recibidas el año inmediatamente anterior. De esta manera, la CIDH alcanzó los objetivos del año para la reducción del atraso procesal.

    El Programa Especial de Reducción del Atraso Procesal - Programa 1 del Plan Estratégico - ha sistematizado todas las medidas que ya estaban en marcha en el segundo semestre de 2016; y agregó nuevas medidas, como la aplicación estricta de los requisitos de apertura a trámite, la disminución del número de solicitudes de información, y la aplicación de una política de desactivación de peticiones sin actividad de la parte peticionaria. Asimismo, un conjunto de acciones complementarias al Plan de Acción del Programa de Retraso Procesal del Plan Estratégico fueron aprobados en agosto de 2017, como por ejemplo, en la fase de admisibilidad, el uso de nuevo modelo de informe de admisibilidad más corto; medidas para reducir el marco fáctico y el tamaño de los informes buscando simplificar los informes de fondo en temas recurrentes, que son la mayoría del portafolio existente en la CIDH; además de la especialización en portafolios de trabajo y el uso de la figura de acumulación. Se decidió también, como regla general, solicitar observaciones a las partes con un máximo de dos rondas, tanto en informes de fondo como de admisibilidad. Todos estos cambios buscan incrementar significativamente la producción de informes sobre el fondo o mérito de los casos ante la CIDH, así como preservar un marco fáctico adecuado para no cerrar a priori la posibilidad de presentar los casos a la Corte Interamericana.

    Adicionalmente, la CIDH creó en septiembre de 2017 una Unidad de Tramitación con nuevas contrataciones de personal, la cual centraliza la tramitación de peticiones y casos en las distintas etapas procesales. Ello permite que los equipos legales se dediquen exclusivamente a la preparación del análisis jurídico y la preparación de informes. Esta Unidad también está a cargo de la elaboración y actualización de protocolos, instructivos y guías; y la creación de nuevas herramientas y generación de estadísticas relacionadas con el sistema de peticiones y casos, mediante las cuales se pretende mejorar las posibilidades de recoger y producir información relevante para las personas usuarias del sistema.

    Es así que en 2017, la CIDH efectuó la evaluación inicial de las 2.661 peticiones recibidas en el año 2016, logrando el objetivo de asegurar que el 100% de lo recibido el año inmediatamente anterior cuente con una evaluación inicial. Es el segundo año consecutivo que la CIDH alcanza este objetivo. Además de ello, se continuó con el análisis de las peticiones recibidas en años anteriores que habían sido evaluadas una vez y sobre las cuales se había decidido solicitar información adicional logrando una reducción del 58% de las peticiones en esta situación en comparación a dos años atrás. En 2015 había 9.673 peticiones en etapa de estudio inicial, y al cierre de 2017 este número se redujo a 4.012.

    Asimismo, a lo largo de 2017 la CIDH aprobó 120 informes sobre admisibilidad (114 de admisibilidad y 6 de inadmisibilidad), siendo el mayor número de informes adoptados en la historia de la CIDH. Los 120 informes abarcan 129 peticiones, dado que tres informes acumularon dos o más peticiones. En relación con el año anterior, se registró un aumento del 167%, toda vez que en ese período se adoptaron 45 informes sobre admisibilidad. La CIDH superó en un 95% el promedio de los últimos 10 años y en un 45% el record histórico anterior, que había sido alcanzado en 2010.

    Por otra parte, un resultado muy relevante fue el inicio de la implementación gradual de la Resolución No. 1/16 y la continuación de la política de archivos. La implementación la Resolución No. 1/16 tiene como enfoque acelerar todas las peticiones en trámite en la CIDH que hayan sido interpuestas en 2006 o antes, acumulando las etapas de admisibilidad y fondo, permitiendo que estos casos más antiguos entren en el orden prioritario de resolución . De esta forma, en el año 2017 dejaron la etapa de admisibilidad 335 peticiones: 129 mediante informes sobre admisibilidad; 119 por aplicación de la Resolución No. 1/16; y 87 mediante decisiones de archivo.

    Por otra parte, en 2017 la Comisión facilitó el procedimiento de soluciones amistosas en 124 asuntos, de los cuales 60 se encuentran en etapa de admisibilidad y 64 se encuentran etapa de fondo. De este total, 46 cuentan con acuerdos de solución amistosa suscritos entre las partes, que están en proceso de implementación. A lo largo del año, la CIDH adoptó 5 informes de solución amistosa a través de los cuales la CIDH aprobó los acuerdos entre las partes y tomó en cuenta los resultados logrados. Al mismo tiempo, la CIDH facilitó 54 reuniones de trabajo con la participación de Estados, peticionarios y víctimas, sobre asuntos en diversas etapas de negociación o implementación de acuerdos de solución amistosa. Es un récord histórico de reuniones de trabajo realizadas, un importante indicador del incremento de la utilización del mecanismo. Las reuniones se realizaron en el marco de los períodos de sesiones de la CIDH, así como en 5 visitas de trabajo realizadas específicamente para el impulso de las negociaciones. Asimismo, se publicó la guía práctica del mecanismo de soluciones amistosas y se realizaron dos reuniones de expertos y expertas sobre negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa y de recomendaciones, así como dos talleres de capacitación para funcionarios y funcionarias de Estados, y para sociedad civil.

    Asimismo, en 2017 la CIDH adoptó 35 informes sobre el fondo, es decir, más del doble de los informes aprobados el año anterior. Esto representa un aumento del 119% respecto de 2016, cuando se adoptaron 16 informes sobre el fondo; y supera en un 84% el promedio de informes de fondo aprobados en los últimos 10 años. Durante ese año salieron de la etapa de fondo 52 casos: 35 mediante informes de fondo; y 17 por decisiones de archivo. Entre las medidas aprobadas que permitieron este avance se destacan el uso de la figura de acumulación, la especialización según temáticas y la simplificación del formato de informe.

    La Comisión publicó a lo largo del año pasado 5 informes de fondo. Tres de ellos, relativos a Colombia, fueron publicados tras constatar avances sustanciales en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, y un caso relativo a Ecuador fue publicado con cumplimiento total de las recomendaciones. El quinto informe publicado corresponde a un caso respecto de Estados Unidos. Mediante estos informes, se profundizaron estándares en materia de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, desaparición forzada, protección judicial y pena de muerte.

    Con relación al trabajo de la Comisión ante la Corte Interamericana, en 2017 la Comisión remitió 18 casos contenciosos: 5 respecto de Guatemala, 4 sobre Perú, 3 sobre Argentina, 2 sobre Venezuela, 1 sobre El Salvador, 1 sobre Honduras, 1 sobre Chile y 1 sobre Paraguay. Estos casos abordan temas relativos a independencia judicial, tortura, desaparición forzada, pena de muerte, uso de la fuerza, defensores de derechos humanos incluyendo sindicalistas y ambientalistas, derecho a la protección judicial respecto de pensiones, libertad de expresión, derecho a la reparación frente a graves violaciones de derechos humanos, debido proceso penal y administrativo y detención preventiva.

    Adicionalmente, la Comisión presentó cuatro solicitudes de medidas provisionales a la Corte durante 2017, respecto de México, Argentina, Nicaragua y Brasil, dos de ellas relacionadas con pueblos indígenas y dos sobre personas privadas de libertad. Las cuatro medidas fueron otorgadas por la Corte y se encuentran vigentes. A través de la solicitud en el asunto No. 3/17  de Argentina, se lograron avances importantes en materia de protección a través de este mecanismo respecto de personas privadas de libertad, con énfasis en la valoración de la salud mental como elemento decisivo.

    También se presentó durante 2017 una solicitud de Opinión Consultiva a la Corte sobre democracia y derechos humanos en el contexto de juicios políticos. La solicitud tiene como finalidad promover un análisis e interpretación de la Corte Interamericana sobre la relación inextricable entre democracia y derechos humanos, específicamente en temas vinculados con los derechos al debido proceso, el principio de legalidad, los derechos políticos y la protección judicial en este tipo de procedimientos.

    Finalmente, en 2017 la Comisión compareció en su rol convencional ante la Corte en 15 audiencias públicas sobre casos contenciosos, 5 audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencia, 3 audiencias sobre solicitudes de opiniones consultivas y 3 audiencias sobre medidas provisionales. También presentó a la Corte 126 escritos de observaciones a informes estatales sobre supervisión de cumplimiento de sentencia y 37 escritos de seguimiento de medidas provisionales.

    Con el objetivo de fortalecer la gestión y especialización en el análisis de las solicitudes, así como del monitoreo de las medidas vigentes, la Comisión decidió convertir el Grupo de Protección en una Sección de Medidas Cautelares y reforzó contrataciones de personal dentro de la Secretaría Ejecutiva Adjunta para el Sistema de Casos, Peticiones y Medidas Cautelares.

    Con relación a medidas de protección, en 2017, la Comisión adoptó 45 resoluciones de otorgamiento para proteger a personas o grupos de personas que se encuentran en riesgo de daño irreparable. Asimismo, la Comisión decidió 5 ampliaciones de medidas cautelares vigentes y 3 decisiones de levantamiento. Convocó 40 reuniones de trabajo sobre el cumplimiento de medidas cautelares vigentes dentro de sus periodos de sesiones y 7 como parte de visitas realizadas por Relatores/as de país con el fin de identificar y solucionar dificultades en su implementación. Asimismo, se realizaron también dos visitas de trabajoen relación con medidas cautelares en trámite. La Comisión recibió 1.037 solicitudes de medidas cautelares nuevas en 2017, cifra similar a 2016. Todas las solicitudes recibidas en 2017 fueron analizadas y clasificadas. Asimismo, a diciembre se logró realizar la evaluación jurídica del 94% de las solicitudes recibidas en el año.

    Adicionalmente, a lo largo de 2017, la CIDH implementó diversos ajustes en su protocolo de trabajo para facilitar y agilizar la toma de decisiones respecto de medidas cautelares, incluyendo estrategias más expeditas de consultas, el manejo de las solicitudes y medidas cautelares otorgadas a través de portafolios, y la priorización en la evaluación de las solicitudes que presentan indicios de mayor urgencia. La CIDH adoptó una serie de medidas dirigidas a agilizar la toma de decisiones respecto de las solicitudes que no cumplen de manera manifiesta con los requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento, no cuentan con información actualizada, o bien, tienen inactividad prolongada como resultado de la falta de presentación de información adicional por parte del solicitante.

    En respecto al Objetivo 2 del Plan Estratégico, referido a la supervisión de la situación de derechos humanos en la región, la CIDH adoptó durante 2017 una importante estrategia multidimensional, integrando su trabajo de monitoreo geográfico y de temas prioritarios con miras a un uso articulado de mecanismos y funciones de la CIDH para una mejor capacidad de monitoreo y de coordinación de respuestas relevantes, oportunas y adecuadas. Además, busco relevar el trabajo inter-sectorial, reforzando la perspectiva interseccional, de género y de diversidad en las actividades de la Comisión. La integración, en términos de estructura fue sucedida por un proceso de estandarización y armonización de flujos, procesos e instrumentos de trabajo, así como de elaboración de protocolos, que seguirán en curso en 2018. La nueva Secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción, Cooperación Técnica y Seguimiento de Recomendaciones también fue reforzada con nuevo personal, contratando a un profesional para cada Relatoría temática, lo cual ha permitiendo alcanzar un mejor equilibrio temático en la labor de la CIDH. Cada Relatoria temática ha desarrollado un plan de acción propio y cuenta con un piso mínimo de financiamiento.

    En 2017 la CIDH creó tres nuevas áreas o unidades de atención temáticas: memoria, verdad y justicia; derecho de las personas mayores; y derechos de las personas con discapacidad. Otro logro importante fue la puesta en marcha de la Relatoria Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales con la selección publica de su primera Relatora Especial. La CIDH también ha renovado el mandato de Relator Especial de Libertad de Expresión, que celebra sus 20 años de existencia.

    El refuerzo y cambio de modelo de monitoreo, ampliaron las capacidades de la CIDH de supervisar la situación de derechos humanos, visibilizar problemáticas, solicitar información sobre medidas adoptadas en materia de derechos humanos y formular recomendaciones a los Estados. De hecho, en 2017, la CIDH emitió 42 cartas solicitando información a Estados de la región. La CIDH alcanzó un número récord de 222 comunicados de prensa, de los cuales 161 se relacionan con el monitoreo de la situación de derechos humanos en la región, en relación a países y prioridades temáticas de la CIDH. Este resultado ha logrado ampliar el posicionamiento de la CIDH en favor de los derechos humanos en la región. De estos, 20 fueron conjuntos con órganos de Naciones Unidas, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (la sede y sus representaciones regionales); la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados; y relatores especiales.

    Como resultado de este esfuerzo de ampliar el ámbito de las funciones de monitoreo para la protección de las personas de América, la Comisión elaboró y aprobó siete informes temáticos para actualizar, desarrollar y establecer novedosos estándares de derechos humanos. En particular, la CIDH realizó diagnósticos, estableció estándares y formuló recomendaciones  en materia de los derechos humanos de las mujeres indígenas; la reducción del uso de la prisión preventiva, en particular en relación con la política criminal en materia de drogas; pobreza y derechos humanos; sistemas nacionales de protección a los derechos de la niñez; y políticas efectivas de protección integral para personas defensoras de derechos humanos y directrices básicas para la investigación de violaciones que las afecten. Asimismo, la Comisión por sus distintos instrumentos avanzó en estándares en materia de corrupción y derechos humanos; desalojos forzosos y desplazamiento interno; el derecho a solicitar y recibir asilo; y la obligación estatal de inversión en la infancia. Adicionalmente, se pronunció en temáticas novedosas referentes a desastres naturales y cambio climático; la violencia relacionada con armas de fuego; discursos de odio; los derechos de las personas mayores; los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; las garantías de los derechos de las personas afrodescendientes; y el respeto y garantía de los derechos de las personas LGBTI.

    La Comisión Interamericana realizó en 2017 seis visitas de trabajo a los siguientes países de la región: Perú, Guatemala, Brasil, El Salvador y República Dominicana. Asimismo, realizó una visita in loco a Guatemala, con el objetivo de observar en terreno la situación de derechos humanos en el país; publicó sus observaciones preliminares y aprobó un informe con recomendaciones al Estado guatemalteco. Asimismo, celebró 130 audiencias públicas (ante las 102 audiencias en 2016) otro récord en su historia, lo que, en la práctica, significó una ampliación de los espacio de la Sociedad Civil para presentar sus temas, preocupaciones y denuncias. De esas, 125 audiencias públicas estuvieron relacionadas con las funciones de monitoreo de la CIDH y de seguimiento a sus recomendaciones, realizadas por demandas directas de la Sociedad Civil.

    Para mejor incidir frente a situaciones emergentes y ampliar sus medidas de protección, la CIDH fortaleció sus mecanismos internos de respuesta rápida e integrada dirigidos a prevenir posibles vulneraciones a derechos y proteger a aquellos que pudieran enfrentar un riesgo con la creación e instalación de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) prevista en el nuevo Plan Estratégico. Las SACROIs fueron activadas en situaciones urgentes respecto a seis países de la región. Por ejemplo, por medio de la Sala de Coordinación para Venezuela la CIDH se articuló para responder a la situación crítica y alarmante de ese país, con la emisión de 20 comunicados de prensa, la solicitud de información mediante de cartas artículo 18 de la Declaración Americana sobre los Deberes y Derechos del Hombre, la identificación de medidas cautelares para su rápida evaluación, la convocatoria  de audiencias públicas, la preparación de notas técnicas para informar a la región y también la elaboración del Informe País, en vista de las reiteradas negativas del Estado para aceptar una visita país.

    Por otra parte, para promover la democracia, la dignidad humana, la igualdad, la justicia y las libertades fundamentales en los términos de su Objetivo Estratégico 3, la CIDH fortaleció sus actividades de promoción y capacitación sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en el hemisferio a lo largo de 2017.

    Con el fin de promover una mayor comprensión y entendimiento en la sociedad civil, las redes de actores sociales y en los Estados Miembros de los estándares de derechos humanos, distintas campañas de concientización y prevención fueron realizadas. Los estándares interamericanos de derechos humanos generados en los informes temáticos fueron difundidos a través de campañas en las redes sociales de la Comisión. Por ejemplo, la difusión de los informes sobre Libertad de Expresión en Chile, sobre Mujeres Indígenas, sobre Pobreza y Derechos Humanos y sobre Prisión Preventiva alcanzó más de 5 millones de personas en los medios sociales.

    En materia de capacitación 454 personas participaron de los diferentes cursos y talleres realizados o patrocinados directamente por la CIDH. Se realizaron 146 actividades de promoción con el fin de difundir los estándares del SIDH y de desarrollar las capacidades de actuación de funcionarios públicos y de las organizaciones y redes de actores sociales y académicos en la defensa de los derechos humanos. En diciembre de 2017, la CIDH sostuvo en conjunto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos su primer Foro del SIDH. Realizado en Washington, D.C., el Foro contó con la participación de 507 personas, en sus 24 eventos paralelos, con la finalidad de promover y difundir una cultura de respeto a los derechos humanos en la región. Al realizar estas actividades, la Comisión afianzó la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones regionales e internacionales y con Estados.

    Adicionalmente, la CIDH creó un Programa de Atención y Colaboración con el Caribe y América Central. La Comisión implementó el Proyecto sobre Democracia y Derechos Humanos en el Triángulo Norte, realizado en conjunto con la Fundación Panamericana de Desarrollo (PADF). Durante el primer año de ejecución del proyecto, 219 personas fueron capacitadas, entre ellas funcionarios y funcionarias estatales, representantes de la sociedad civil y ombudpersons. Con respecto al Caribe, la CIDH realizó 3 eventos de capacitación a funcionarios y funcionarias de las misiones del Caribe ante la OEA y creó una Asesoría para Asuntos de Caribe que logró preparar un Plan de Acción específico para la región.

    Uno de los principales focos de actuación de la CIDH en 2017 fue la ampliación de los mecanismos de colaboración y participación social con la academia y la sociedad civil. Durante el año, se realizaron 9 consultas regionales para la definición de las prioridades de la Comisión: cuatro encuentros regionales para la preparación de su Plan Estratégico; dos consultas sociales para construir la agenda de las nuevas Unidades Temáticas; una consulta social en materia de defensores y defensoras de derechos humanos; y un encuentro con sociedad civil para definir la agenda estratégica de la nueva Relatoria DESCA. Además de un cuestionario para la elaboración del Informe sobre personas LGBTI en las Américas. Fueron también realizadas 12 reuniones con la Sociedad Civil durante los Periodos de Sesiones y con la Coalición de ONGs para rendir cuentas, y recibir contribuciones y sugerencias a la labor de la Comisión. La CIDH también trabajó durante 2017 en estrechar los lazos con universidades de la región y firmó cinco nuevos convenios para intercambios académicos, capacitaciones y diseminación del SIDH.

    En el 2017, la CIDH amplió su colaboración con órganos de Naciones Unidas de manera significativa, realizando reuniones de intercambio, publicando comunicados conjuntos e invitando a expertos a colaborar en sus audiencias. Durante 2017 se realizaron 18 actividades en conjunto, incluyendo la colaboración a la visita in loco a Guatemala y vistas conjuntas de relatores de los dos órganos. Fueron emitidos 20 comunicados conjuntos, especialmente en materia de protección de defensores de DDHH, libertad de expresión, refugiados, indígenas y derechos de las mujeres. La CIDH también colabó con el Sistema Universal a través del envío de aportes al Examen Periódico  Universal sobre Ecuador, Guatemala, Cuba, Canadá y Colombia. También se realizó un taller conjunto en materia de corrupción y derechos humanos.

    La Comisión y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos iniciaron un nuevo y más profundo plan de cooperación para abordar uno de los problemas más apremiantes en la región: la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. En el marco del 165 Período de Sesiones de la CIDH realizado en Montevideo, Uruguay, el Presidente de la CIDH y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzaron el Mecanismo de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en las Américas.

    La CIDH también reforzó la colaboración y el intercambio con el Sistema Africano de Derechos Humanos y concedió una comisión especial de trabajo a la Oficina de Prensa para prestar asesoría in situ a la Comisión y a la Corte Africana, dentro de un proyecto de Fortalecimiento del Sistema Africano. Junto con la Comisión Africana, la CIDH presentó su informe en materia de industrias extractivas en 3 eventos de la ONU.

    La protección a los defensores de derechos humanos estuvo en el centro de las prioridad de las labores de la Comisión en 2017. Además de construir un Mecanismo de Acciones conjuntas con la ONU, la CIDH ha contractado 2 nuevos profesionales para su sección de Medidas Cautelares y 1 especialista responsable para la Relatoría sobre los Derechos de las Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. La CIDH aprobó un nuevo Informe temático sobre Protección de Defensores y Defensoras y prestó asistencia técnica para la construcción de directrices de protección de defensores y defensoras de derechos humanos para la Fiscalía General de Colombia. Al lado de la sociedad civil, la CIDH ha promovido un importante encuentro con líderes y lideresas ambientales y de la tierra, provenientes de Asia, África y América en una capacitación de tres días en su Periodo de Sesiones en Uruguay.

    La articulación y armonización con la Corte Interamericana fue también un eje central en 2017, para lo cual se instaló un Grupo de Trabajo de las respectivas juntas directivas y Secretarios Ejecutivos de cada órgano, que se reunieron en tres ocasiones. Mediante estos encuentros se promovió el dialogo sobre los desafíos, prioridades, armonización de calendarios y coordinación en el marco del SIDH. La CIDH participó de 26 audiencias ante la Corte y presentó 163 escritos de información. Después de 10 años, la CIDH presentó una solicitud de Opinión Consultiva a la Corte IDH. Además, de la realización conjunta del I Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

    En cuanto al marco normativo interamericano, es de indicar que en 2017 entraron en vigor la Convención Interamericano de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención Interamericano contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. La CIDH ha incorporó en sus planes de trabajo la difusión de estos dos instrumentos.
    En el marco de su programa especial de seguimiento de recomendaciones, una importante innovación fue la creación de una Sección Especializada en Seguimiento de Recomendaciones. Asimismo, firmó un  Memorando de Entendimiento con Paraguay para el intercambio de experiencias y cooperación técnica recíproca y de apoyo a la conformación del Sistema Interamericano de Monitoreo de Recomendaciones de la CIDH (SIMORE Interamericano).

    Durante 2017 la CIDH consolidó el Mecanismo de Seguimiento del asunto Ayotzinapa, se continuaron llevando a cabo las actividades correspondientes dentro del Mecanismo de Seguimiento a la medida cautelar otorgada a favor de los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa (MC 409-14) y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con tres visitas oficiales y 12 visitas técnicas a Mexico.

    La CIDH también aprobó crear una Mesa de Trabajo de seguimiento a la implementación de Políticas de Derechos Humanos en República Dominicana, para hacer avanzar con compromisos, recomendaciones y líneas de trabajo vinculadas a los derechos de nacionalidad y regularización de los migrantes, los derechos de las mujeres y las políticas contra la discriminación y xenofobia contra personas afrodescendientes.

    En cuanto a su capacidad de deliberación y audiencia, en 2017 la CIDH realizó seis períodos de sesiones, lo que representó un hito en su historia y más presencia pública en la región, dado que cuatro de ellos tuvieron lugar fuera de su sede, en Argentina, Perú, México y Uruguay, lo que permitió la participación de organizaciones de la sociedad civil a nivel local, generaron espacios para un contacto y acercamiento directo a las víctimas, difundieron y democratizaron el acceso al Sistema Interamericano.

    En suma, la CIDH dio pasos importantes en la modernización de su gestión, con la aprobación e implementación de su Plan Estratégico 2017-2021, elaborado con participación de múltiples actores; con el diseño de instrumentos organizacionales necesarios a su gestión; con la reestructuración de la Secretaría Ejecutiva, con una  estructura administrativa más integrada, con elementos de administración basada en resultados, y moderniza su funcionamiento dando mayor horizontalidad y agilidad al organigrama institucional; con el mapeo de procesos y la capacitación de personal clave en gestión por resultados. También dio pasos importantes hacia su sostenibilidad financiera, a partir de la decisión de la Asamblea General de la OEA de 2017 de incrementar el presupuesto; así como mediante la elaboración de un plan de sostenibilidad que detalla el camino para que la CIDH para alcanzar dicha meta. El Plan Estratégico, junto con la nueva estructura administrativa y la duplicación del presupuesto del Fondo Regular, representan importantes logros respecto a la estabilidad institucional de la CIDH. En 2017, se buscó mantener un dialogo renovado con los distintos donantes que contribuyen con la labor de la CIDH,  mejorar sus procesos internos de consecución y administración de los recursos e implementar una gestión por resultados. La CIDH agradece a todos los donantes por su indispensable y fundamental apoyo.

    Finalmente, en el marco de una práctica de rendición de cuentas, la CIDH presenta al escrutinio público estos resultados del primer año de implementación de su Plan Estratégico y un balance de sus actividades en 2017. El documento completo con el balance del primer año de ejecución del Plan Estratégico puede ser accedido aquí. La CIDH evalúa que este balance apunta logros estructurales relevantes que permiten afirmar que la implementación de este primer año del Plan Estratégico 2017-2021 ha sido satisfactoria y está cumpliendo con su fin último de contribuir a la efectividad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como pilar y compromiso común de las Américas. Sugerencias y comentarios pueden ser enviados a CIDHPlaneacion@oas.org La CIDH agradece a la sociedad civil interamericana de derechos humanos, a los Estados miembros y observadores de la OEA, a los organismos internacionales y regionales, así como al equipo de su Secretaria Ejecutiva.

    La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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