• Rafael Paz, director ejecutivo de COMPETITIVIDAD:Poder Judicial debe asumir su parte en mejora de la competitividad nacional

    Reporter: Juan Modesto Rodriguez
    Published: lunes, 8 de enero de 2018
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    El pilar Justicia en el Índice Global de Competitividad ha descendido 20 puntos, colocando a la República Dominicana en los tres últimos puestos de la región.



    Lunes 8 de enero de 2018, Santo Domingo, República Dominicana.- El director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, solicitó al Poder Judicial colaborar en la mejora del clima de negocios así como en el desempeño del país en el Índice Global de Competitividad, a fin de seguir creando mayores oportunidades para la ciudadanía y, por ende, el desarrollo nacional.


    Alertó sobre el descenso que ha tenido el pilar justicia en el Índice Global de Competitividad, por lo que llama a una alianza publico↔privada encabezada por el Poder judicial a fin de mejorar estas mediciones, claves para atraer inversionistas.


    Paz señaló que desde el año 2015 República Dominicana ocupa los tres últimos puestos en los rankings del Índice Global de Competitividad frente a países de la región y Estados Unidos, alcanzado en el pasado año 2017 la posición 127, lo que significó un descenso de 20 puntos con respecto a 2016, cuando el país estaba en el lugar 107.


    Poder Judicial cuenta con los recursos



    Un estudio realizado por Información Estratégica de COMPETITVIDAD indica que el Poder Judicial cuenta en con los recursos necesarios para mejorar índices de competitividad, puesto su presupuesto ha crecido hasta topes históricos a partir del 2012, de RD$3.6 MM a RD$7.4 MM; superando el periodo 2006 y 2012 cuando era el estamento de menos asignación presupuestaria dentro de los poderes del Estado.


    Otro cambio sustancial es que en el 2012 el Presupuesto del Poder Judicial representaba el 67.1% del Presupuesto del Congreso Nacional y para el 2018 representa el 110% del Presupuesto del Poder Legislativo superándolo en 705 MM de pesos.


    El informe también presenta la consolidación de la intención de mejorar el sistema judicial dominicano al revisar la inversión en justicia a nivel general, apreciable en el presupuesto para el Tribunal Constitucional tanto como para el Ministerio Publico, este último pasó de una asignación presupuestaria en 2012 de 2,600 MM a 5,915 MM en 2018.


    En definitiva, la inversión total en justicia (Poder Judicial, Ministerio Público y tribunales especializados) para el 2018 evidencia el nivel de prioridad que ha recibido por parte de la actual administración pasando de un total de 6,150 MM en 2012 a 14,430MM.


    La desconfianza de las empresas



    Uno de los problemas que se identifica en el Índice Global de Competitividad, desde 2015 a 2017, es el relativo a la resolución de conflictos, lo cual hace referencia al cumplimiento de contratos. “Las empresas sienten desconfianza, por lo lenta de la administración de justicia civil y como país debemos resolverlo”, indicó Paz.


    Destacó que entre los años 2016 y 2017, en el renglón eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias, República Dominicana descendió del puesto 100 al 112, es decir, decisiones judiciales en los tribunales afectaron el clima de negocios y provocaron una caída de 12 puntos en la competitividad.


    Otro aspecto que incide en los niveles competitivos del país es el relativo a la jurisdicción inmobiliaria. Recordó que “el tema tierras sigue siendo un dolor de cabeza para los inversionistas y no se percibe avance en la materia. Por lo cual, se necesita relanzar la reforma de la jurisdicción inmobiliaria. Para esto el Gobierno tiene toda la disposición de apoyar al Poder Judicial, tal cual lo ha demostrado en la asignación presupuestal”.


    El bajo desempeño de la justicia dominicana, explicó, es un factor que resta al establecimiento de inversionistas que encuentran en otros países de la región mayor seguridad jurídica, como Costa Rica (con índice de 5.2, solo un punto menos que Estados Unidos).


    “Es por igual muy preocupante que en la medición referente a eficiencia del marco jurídico para impugnar los reglamentos, República Dominicana perdiera 20 puntos, pues en el año 2016 se encontraba en el lugar 107 y el pasado año en la 127”, alertó el director ejecutivo de COMPETITVIDAD.


    Paz reiteró que el Poder Judicial debe revisar procesos que impiden cumplir las leyes, así como ser justo en la resolución de controversias, pues esta incide de forma directa en las inversiones y el desempeño país.

      


    Evolución del presupuesto del Poder Judicial 2006-2018
    La asignación presupuestaria en economías a menudo se relaciona con el nivel de prioridad que se brinda a un tema específico en una administración. En República Dominicana el presupuesto del Poder Judicial históricamente no ha sido alto, sin embargo, gracias a la vocación manifiesta de realizar una mayor inversión en la justicia pasó a cambiar de forma evidente y para el año 2018 el presupuesto del Poder Judicial paso a ser de 7.4 MM de pesos.
    República Dominicana:
    Presupuesto del Poder Judicial (en RD$)
    2006-2018
    Años
    Presupuesto General
    Presupuesto Poder Judicial
    2006
    194,185,648,194
    3,209,619,956
    2007
    221,409,890,959
    3,195,437,147
    2008
    259,782,593,681
    3,589,410,008
    2009
    328,999,387,390
    3,672,153,017
    2010
    378,997,503,959
    3,720,477,636
    2011
    390,475,775,514
    3,657,202,828
    2012
    430,000,814,579
    3,657,202,828
    2013
    530,846,353,593
    4,497,202,828
    2014
    501,584,629,753
    5,122,202,828
    2015
    529,316,065,590
    5,122,202,828
    2016
    566,191,776,994
    6,022,202,828
    2017
    624,407,045,081
    6,872,202,828
    2018
    689,886,224,727
    7,422,202,828
    Fuente: DIGEPRES

    Fuente: DIGEPRES

    Se puede constatar, que antes de la presente administración el Poder Judicial era el de menos asignación presupuestaria dentro de los poderes del Estado. En el 2012 el Presupuesto del Poder Judicial representaba el 67.1% del Presupuesto del Congreso Nacional y para el 2018 representa el 110% del Presupuesto del Poder Legislativo superándolo en 705 MM de pesos.
    Gráfico  1. Presupuesto Poder Judicial vs Poder Legislativo
    Fuente: DIGEPRES

    En los últimos años el presupuesto ha aumentado, sin embargo, estos aumentos no han sido constantes e inclusive ha habido periodos de decrecimiento, en el 2010 aumentó 23% respecto al año anterior.
    Gráfico  2. República Dominicana: Inversión en justicia
    Fuente: DIGEPRES

    Se consolida la intención de mejorar el sistema judicial dominicano al revisar la inversión en justicia a nivel general, se puede apreciar que el presupuesto para el Tribunal Constitucional tanto como para el Ministerio Publico, componentes de la inversión en justicia, han incrementado. Es importante ver que la asignación presupuestaria para el Ministerio Público en 2012 pasó de 2,600 MM a 5,915 MM en 2018, con el objetivo de mejorar la investigación de los tipos penales y para el sistema penitenciario.
    La inversión total en justicia para el 2018 evidencia el nivel de prioridad que ha recibido por parte de la actual administración pasando de un total de 6,150 MM en 2012 a 14,430MM.



    Sobre COMPETITIVIDAD. El Consejo Nacional de Competitividad es un órgano mixto del Gobierno dominicano, que depende orgánica y funcionalmente de la Presidencia de la República. El Consejo Nacional de Competitividad, es la única entidad autónoma que es presidida por el propio Presidente de la República, de acuerdo a la Ley No.1-06. A través del decreto 389-17 se integra al pleno de COMPETITIVIDAD, por el sector público, por los ministros de la Presidencia, Hacienda, Administrativo de la Presidencia, Economía, Planificación y Desarrollo, Turismo, Agricultura, Industria, Comercio y Mipymes, y el director de CEI-RD. Por el sector privado los empresarios Pedro Brache, Fernando Capellán, José Miguel González Cuadra, Manuel A. Grullón, Luis Molina Achécar, Frank Rainieri, Manuel E. Tavarez y Felipe Vicini, presidente del Grupo Inicia, así como otros 28 empresarios que conforman el Consejo Consultivo. Como Asesora Industrial del Poder Ejecutivo, y miembra del Consejo, fue designada Ligia Bonetti. La dirección ejecutiva está a cargo de Rafael Paz, quien cuenta con una amplia formación en áreas como gobernanza y gerencia pública y empresarial, liderazgo y comunicación política. Durante seis años se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

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