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  • Mendicidad jurídica del pobre diablo

    Reporter: Juan Modesto Rodriguez
    Published: lunes, 29 de enero de 2018
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    Mendicidad jurídica del pobre diablo
    Juan Llado - 29 de enero de 2018 - 12:08 am -  Acento.com.do

    Juan LladoEl Centro de Estudios Económicos y Sociales P. Jose Luis Alemán de la PUCMM celebró la pasada semana un evento memorable de rigurosa factura académica. El selecto elenco de expositores sobre ¨La realidad de la in-dependencia de la justicia en la Republica Dominicana¨ relató sin tapujos las enormes falencias de nuestro sistema judicial. Pero lo más impactante fue la  conclusión de uno de ellos, el Dr. Francisco Alvarez, de que el sistema por lo general les niega la justicia a los pobres. Las críticas al sistema que se escuchan en los medios de comunicación, sin embargo, no reparan en esa escalofriante realidad.

    Según  nuestro Ministerio de Economía, la proporción de la población que califica como pobre ha bajado de un 45% en el 2005 a un 23.1% en el 2016 (http://economia.gob.do/mepyd/despacho/unidad-asesora-de-analisis-economico-y-social/estimaciones-de-pobreza/).  Sin embargo, las limitaciones de la metodología usada para llegar a esa conclusión sugieren que más de un cuarto de la población sufre las precariedades de la pobreza.  De ahí que el señalamiento de que el sistema judicial da la espalda a esa parte de la población debería provocar vergüenza. La injusticia social imperante no solo abarcaría la desgualdad en el nivel de bienestar sino que también implica un déficit de justicia para una escandalosa proporción de la población.
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    Paradójicamente, la percepción generalizada es que aquí los pobres no tienen acceso a la justicia ni alcanzan a recibirla. Aquí el fiel de la balanza judicial siempre se inclina a favor del poderoso y soslaya al desposeído. Un pobre diablo que se roba una gallina para darle de comer a sus hijos es rápidamente condenado y encarcelado, mientras a los ricos, políticos y narcotraficantes se les trata con guantes de seda. Ya sea por negligencia o desidia de las instancias oficiales llamadas a perseguir el crimen y el delito, o por incitaciones non sanctas a los magistrados, estos tienden a ser barones de la impunidad. Los tribunales encuentran siempre una manera de absolver sus infracciones o imponer sanciones muy leves. Las raras veces que son encarcelados se insulta a la población con la asignación de celdas especiales para hacer su estadía en la cárcel más confortable.
    En reconocimiento de la triste realidad del pobre diablo y de que es un deber del Estado, de acuerdo a la Constitución, garantizar los derechos de los ciudadanos, la Ley 277-04 creo el Servicio Nacional de Defensa Publica a fin de ¨proporcionar defensa gratuita a quienes no cuentan con los medios para pagar una defensa privada¨. ¨La Oficina Nacional de Defensa Pública tiene por finalidad principal proporcionar defensa y asesoramiento técnicos a los imputados que por cualquier causa carezcan de abogado, así como también llevar a cabo cualquier acción que, conforme a la política institucional, tienda a asegurar los derechos de los asistidos.¨
    Según reportó uno de los letrados del evento antes mencionado, aun con un presupuesto muy limitado esa Oficina se ha ganado una buena reputación por el entrenamiento especializado que han recibido sus abogados defensores.  No obstante, un examen de la problemática lleva a la conclusión de que el Estado delinque en el cumplimiento de su deber de protector de los derechos en tanto solo asiste a los menesterosos en los casos penales.  Los casos civiles no están contemplados.  Además, la asistencia es solo para los imputados y no se ampara a las víctimas.
    Más allá de las brechas de cobertura, el pobre diablo confronta otras graves limitaciones en su búsqueda de justicia. Por ejemplo, son muchos los que no buscan el apoyo de la Oficina mencionada por desconocimiento o porque no disponen de los recursos para sustentar el proceso.  Pero lo más grave es que los que no acuden a la defensoría publica se ven forzados a contratar abogados que no tienen las calificaciones necesarias –ya sea por su pobre entrenamiento o por su ineptitud para manejar los casos penales– para orquestar una defensa exitosa.  El pobre diablo debe conformarse con una calidad de asistencia privada que esté acorde con la limitación de recursos que confronta y eso introduce el sesgo de la injusticia.
    En los corrillos jurídicos y en la prensa, el grave y bochornoso problema de la negación de justicia a los pobres no recibe una consideración adecuada.  El grito más estentóreo en pro del mejoramiento del sistema judicial se oye cada 7 de enero, el Día del Poder Judicial, porque en la ceremonia de celebración que se realiza en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia siempre se oye un (taimado) reclamo, en presencia del Presidente de la Republica, por un mayor presupuesto.  En otras esferas se habla inclusive de que los recursos asignados en el Presupuesto General del Estado deben llegar a un 2% del PIB.  Se supone que con mayor presupuesto se podría atender mejor las necesidades de la Defensoría Pública, pero nadie hace mención de eso.
    El conflicto argumental mayor entre las figuras más entendidas del derecho consiste en el rol que deben jugar los políticos en la selección de los jueces.  Existe una abrumadora corriente de pensamiento que propugna por un Consejo Nacional de la Magistratura que no responda a los intereses políticos del gobierno de turno, eliminando la participación del Ministerio Publico e incorporando jueces de carrera para sustituir a algunas de las figuras políticas.  De igual modo se critica la composición del Consejo del Poder Judicial para que no refleje los intereses políticos de los gobernantes.  Y después del caso de Odebrecht se han intensificado los reclamos para que, por reforma constitucional, el Ministerio Publico  sea independiente del Poder Ejecutivo.
    Si todo lo anterior se materializara las otras debilidades subalternas del sistema judicial se corregirían con el tiempo.  Mientras, se continua oyendo oyen quejas sobre la no idónea selección de los jueces y la carencia de un escalafón que reconozca méritos.  (La Escuela Nacional de la Judicatura ha mejorado su entrenamiento, pero eso ni previene la venalidad ni garantiza la total imparcialidad.)  Por otro lado, se aduce al hecho de que más de cien nuevos tribunales han sido autorizados para ser creados, pero las carencias presupuestales no lo han permitido.  Esto agrava el cumulo de expedientes en aquellos tribunales que si funcionan.
    Existe también una queja generalizada sobre la preparación de los abogados.  Muchas universidades no tienen los altos estándares de calidad en la educación que garanticen un desempeño digno y eso se traduce también en denegación de justicia para victimas e imputados.  El hecho de que los gremios de la profesión estén dominados por los partidos políticos es una macula adicional que no propende a la superación profesional y el desempeño ético de la profesión.
    El sistema judicial cuenta hoy día con una matrícula de unos 6,000 funcionarios, de los cuales unos 685 son jueces de carrera egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura.  El Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia ha afirmado que ¨la gran mayoría de nuestros jueces son trabajadores y honestos”. Además, ese magistrado también ha dicho: “Los grandes conflictos, los grandes males sociales, no los genera la justicia”.  Pero ninguno de los que presiden las altas cortes podría alegar que sus respectivas dependencias sirven adecuadamente al pobre diablo.  El hecho de que nunca se ha visto un caso que involucre al pobre diablo que llegue a esas cortes lleva a la conclusión de que tales tribunales sirven básicamente a los que tienen un alto estatus socioeconómico.
    Queda claro que, si de veras se quiere una sociedad justa porque le sirve un sistema judicial que se respeta a sí mismo, en su elenco de prioridades deberá estatuirse la opción preferencial por los pobres.  A pesar de que el Plan Estratégico del Poder Judicial de la Republica Dominicana 2015-2019 identificó como su primer Objetivo Estratégico ¨Mejorar y facilitar el acceso a la justicia¨, eso no se ha traducido en un aumento sustancial de los recursos destinados a la Defensoría Pública –para poder servir a un mayor número de imputados—y una orquestación de las demás prioridades (citadas) del sistema para focalizar sus repercusiones en la atención a los más débiles miembros de la sociedad.  Al no hacerlo se deberá reciclar las prioridades a fin de que un nuevo Plan Estratégico lo haga.  Sería la única forma de respetar la alteridad del pobre diablo. De lo contrario solo habría justicia si también los pobres diablos gozaran de impunidad.

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